LA COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL Y EL DERECHO APLICABLE EN MATERIA DE CONTRATOS DE TRABAJO DE LOS DEPORTISTAS PROFESIONALES ESPAÑOLES

  1. La relación laboral especial de los deportistas profesionales.

El mundo del deporte es apasionante. Todo deportista aspira a competir en las mejores ligas del mundo. Los mejores baloncestistas quieren jugar en EEUU, la mejor liga de baloncesto del mundo (NBA), los futbolistas sueñan con jugar en alguna liga europea como la española, la inglesa o la italiana. Las mejores ligas de balonmano son la alemana y la francesa. La Indian Premier League de críquet es la más poderosa en su deporte, y en Australia es muy popular el rugby.

Muchos países cuentan con ligas profesionales de máximo nivel en la que los deportistas acuden y suscriben contratos con los clubes para desarrollar con ellos su carrera profesional. En no pocas ocasiones, las plantillas de los citados clubes están compuestas tanto por jugadores nacionales como por jugadores internacionales, que además de ser piezas clave en los esquemas de los entrenadores, dan prestigio a las ligas.

En ese sentido, son muchos los deportistas profesionales españoles que deciden emprender una aventura y competir en alguna liga extranjera, de la misma manera que son muchos los extranjeros que desean fervientemente fichar por clubes españoles y competir en nuestras ligas nacionales.

Para ello, los deportistas profesionales firman contratos con los clubes en los que prestarán sus servicios. Esta contratación laboral, que se considera de carácter especial por el artículo 2.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, está encomendada en España al Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales.

  1. El Real Decreto 1006/1985, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales en España.

Este Real Decreto tiene el objetivo de trasladar el mayor número posible de criterios procedentes de la normativa laboral común al ámbito de esta relación especial, teniendo en cuenta las particularidades que se derivan de la práctica deportiva. En este sentido, se configura el ámbito de aplicación de la norma, concretando los sujetos a los que va destinada este Real Decreto. Como tal, define a los deportistas profesionales como aquellas personas “quienes, en virtud de una relación establecida con carácter regular, se dediquen voluntariamente a la práctica del deporte por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de un club o entidad deportiva a cambio de una retribución”.  El precepto deja excluidos a aquellos deportistas que si bien se dedican a la práctica del deporte dentro del ámbito del club, únicamente reciben de éste la compensación de los gastos derivados de la práctica deportiva.

Además, el tercer punto del citado artículo incluye en el ámbito de aplicación del Real Decreto las relaciones con carácter regular entre deportistas profesionales y empresas cuyo objeto social consista en la organización de espectáculos deportivos y también incluye las relaciones de contratación de estos deportistas por firmas comerciales.

La norma continúa estableciendo la capacidad para contratar por razón de nacionalidad, disponiendo que “En materia de nacionalidad se estará a los que disponga la legislación vigente para los trabajadores extranjeros en España, sin perjuicio de la aplicación de las normas específicas sobre participación en competiciones oficiales y las especialidades previstas en el artículo 14 de este Real Decreto.”  Un artículo 14 que viene a decir que cuando a la contratación por clubes españoles de deportistas extranjeros les sean de aplicación reglas distintas a las recogidas en el RD, de acuerdo con el régimen jurídico del país de procedencia del deportista, serán aplicables criterios de reciprocidad en la contratación por clubes o entidades deportivas extranjeras de deportistas vinculados a clubes españoles.

En cuanto a la forma y contenido del contrato laboral de los deportistas profesionales con clubes españoles, estos se formalizarán por escrito y por triplicado. Un ejemplar será para cada una de las partes contratantes y la otra se registrará en la oficina Pública de Empleo. No rige para este aspecto ninguna especialidad, por lo que se tendrán en cuenta las reglas generales del Estatuto de los Trabajadores, que permitirá celebrar contratos para la formación y a tiempo parcial, de la misma manera que podrá concertarse con los deportistas y por escrito un período de prueba, de máximo tres meses.

En el contrato deberá figurar, como mínimo, la identificación de las partes, el objeto del contrato, la retribución acordada y la duración del contrato. En este punto, es necesario mencionar la importancia que, en caso de que sea un contrato laboral internacional, en la que alguna de las partes es extranjera, puede tener el pacto de una cláusula de sumisión expresa a los tribunales extranjeros. Es un tema al que volveremos más adelante.

Por norma, la duración del contrato de trabajo de los deportistas profesionales será siempre de duración determinada, bien por tiempo cierto, por ejemplo, una temporada completa, o bien para la realización de un número determinado de actuaciones deportivas. Esto quiere decir que no se permite la duración indefinida en los contratos de trabajo deportivos (art.6) aunque se podrán negociar prórrogas del contrato, también de duración determinada.

Se preceptúan también en el Real Decreto los derechos y las obligaciones de las partes, señalando que el deportista está obligado a realizar la actividad deportiva para la que fue contratado, en las fechas acordadas y con la diligencia debida en cuanto a condiciones técnicas y físicas. También tendrá derecho el deportista a la ocupación efectiva, salvo en caso de sanción o lesión, a manifestar libremente sus opiniones en los temas relacionados con su profesión y a la posibilidad de participar en los beneficios que se deriven de la explotación comercial de su imagen, si así lo tiene convenido.

En cuanto a la retribución percibida por los profesionales del deporte, será, como se ha dicho anteriormente, la acordada en el contrato de trabajo individual, teniendo en cuenta que no podrá nunca ser inferior a la cantidad estipulada en el convenio colectivo para la modalidad deportiva de que se trate. Se considerará salario toda percepción que el deportista reciba del club, ya sea en metálico o en especie, por la prestación de sus servicios.

Asimismo, se indican las reglas para la jornada, los descansos y las vacaciones. La jornada comprenderá la prestación efectiva de sus servicios ante el público y el tiempo en que se esté bajo las órdenes directas del club o la entidad deportiva a efectos de entrenamiento o preparación física y técnica para la misma, con la duración fijada en el convenio colectivo o contrato individual y respetando siempre los límites legales vigentes. Los descansos, por su parte, serán de día y medio a la semana como mínimo, y en caso de no poder disfrutarse ininterrumpidamente, se podrá trasladar la parte no disfrutada a otro día de la semana, En cuanto a las vacaciones, los deportistas tendrán derecho a disfrutar de treinta días naturales al año.

Con relación al contrato, la relación laboral se puede extinguir por mutuo acuerdo entre las partes, por expiración del tiempo convenido, por el total cumplimiento del contrato, por muerte o incapacidad del deportista, por disolución o liquidación del club, por crisis económica que justifique una reestructuración de plantilla, por despido del deportista, por voluntad de éste o por cualquier causa consignada válidamente en alguna cláusula del contrato. Además, los incumplimientos contractuales pueden ser sancionados por el club según su gravedad. Sanciones y faltas que son recurribles ante la Jurisdicción Laboral.

Por último, es interesante el artículo 19 del RD que manifiesta que “Los conflictos que surjan entre los deportistas profesionales y sus clubes o entidades deportivas, como consecuencia del contrato de trabajo, serán competencia de la Jurisdicción Laboral.”

Es importante puntualizar que este Real Decreto únicamente será aplicable a los deportistas profesionales que, ya sean españoles o extranjeros, residan en España. Quiere decir que se le aplicarán éstas condiciones a los deportistas españoles como a los extranjeros pero para ello deben de tener una vinculación con España, como tener suscrito un contrato con un club español. Por otra parte, para  los deportistas españoles que participen en las ligas de otros Estados, la calificación de deportistas profesionales vendrá sujeta a la legislación propia del Estado en que se hallen.

  1. Controversias contractuales entre deportistas y sus clubes

Como hemos visto, la relación laboral de los deportistas, aunque sea especial por sus propias características, no deja de ser una relación laboral y su contrato será un auténtico contrato de trabajo que creará tanto derechos como obligaciones para ambas partes. En el mundo del deporte son muy comunes las desavenencias entre las partes, conflictos que surgen por la transgresión por parte de algún deportista o club de alguna de las cláusulas estipuladas en el contrato. Se puede dar el caso de que un club sea demandado por impagos, por un despido improcedente o por cualquier vulneración o quebrantamiento de alguna cláusula expresada en el contrato. En ese caso, el deportista o la deportista deberán conocer sus opciones, deberán saber en qué Tribunal deben hacer valer sus pretensiones para que sus pretensiones lleguen a buen fin.

  1. La determinación de la competencia judicial internacional

En este apartado cuarto expondré la manera en la que se determina la competencia judicial de los Tribunales en todos sus niveles, ya sea en el plano nacional, en el plano europeo o en el plano extra-nacional.

  • Conflictos contractuales en el plano interno: la Ley 36/2011

Cuando el conflicto laboral se da entre un o una deportista con nacionalidad española y un club español, sin elemento de extranjería, el ejercicio de la potestad jurisdiccional competerá a los órganos del orden social, que serán los que conozcan de las pretensiones que promuevan las partes. Así lo indica la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, que en su artículo 2 sostiene que “Los órganos jurisdiccionales del orden social conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan:

  1. Entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo y del contrato de puesta a disposición, con la salvedad de los dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal; y en el ejercicio de los demás derechos y obligaciones en el ámbito de la relación de trabajo.”

 

Por lo tanto, la competencia judicial para resolver los conflictos laborales que entre un deportista y un club puedan surgir corresponde al orden jurisdiccional social y dentro de este, a los Juzgados de lo Social, según los artículos 6 a 9 de la Ley 36/2011. Por su parte, la competencia territorial de estos juzgados (artículo 10) se determina en base a unas reglas, que dicen que con carácter general será juzgado competente el del lugar de prestación de los servicios o el del domicilio del demandado, a elección del demandante.

El art. 5 regula la apreciación de oficio de la falta de jurisdicción o de competencia, manifestando que si los órganos jurisdiccionales aprecian falta de jurisdicción o de competencia internacional, o se estiman incompetentes para conocer de la demanda por razón de la materia, del territorio o de la función, dictarán auto declarándolo así y previniendo al demandante ante quién y cómo puede hacer uso de su derecho.

Como vemos, la determinación de la competencia judicial y del derecho aplicable para las relaciones laborales de carácter especial en situaciones en las que falta el elemento de extranjería queda resuelta con los preceptos de Ley reguladora de la jurisdicción social.

  • Conflictos contractuales en el plano supranacional

Mayor problemática suscita la resolución de conflictos laborales en el caso de incorporar al contrato un elemento de extranjería. Como he dicho anteriormente, es muy habitual hoy en día que los clubes y equipos de cualquier país y disciplina deportiva estén plagados de jugadores internacionales de diversas nacionalidades. Esto supone una ventaja para los clubes que pueden ver potenciado su rendimiento a la vez que los profesionales del deporte pueden desarrollar sus carreras en mejores equipos y ligas. Una relación en la que ambas partes salen ganando.

Pero de igual manera que en el punto anterior, también pueden surgir discrepancias entre las partes cuando una de ellas es extranjera. En estos casos, la determinación de la competencia judicial internacional y de la ley aplicable se convierte en un asunto más complejo, pues habrá que ver cuándo serán competentes los tribunales españoles y cuándo no, además de tener que precisar si se aplica la legislación española referida al caso o, por el contrario, hay que aplicar Derecho extranjero. Asimismo, veremos en caso de tratarse de una resolución judicial o no judicial, cómo obtener la eficacia en España de dicha resolución.

  • Litigios entre partes miembros de la Unión Europea: el Reglamento Bruselas I refundido

Cuando las diferencias litigiosas surgen entre dos partes que son miembro de la Unión Europea, lo primero de todo es identificar ante que órganos se debe plantear el conflicto en cuestión, es decir, habrá que determinar el órgano de qué país tiene la competencia judicial para después saber conforme a qué Derecho se resolverán tales diferencias .En este primer caso, en el que el deportista de un país miembro presta sus servicios en un club o entidad deportiva de un país de la Unión Europea, la competencia judicial de los tribunales se regula en el Reglamento (UE)  nº 1215/2012 del parlamento europeo y del consejo de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Los contratos de trabajo individuales están incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento mencionado, además el demandado tiene su domicilio en la Unión Europea, por lo que habrá que estar a lo dictado por los preceptos del Reglamento.

En caso de que el demandado fuera un club deportivo español, para este supuesto de competencia no se aplicaría la legislación interna prevista en la LOPJ, ya que ésta es subsidiaria a la norma de fuente europea. Al existir reglamento que regule la materia, el R. Bruselas I refundido, será el texto que habrá que aplicar.

Antes de nada, a los efectos de la aplicación de los foros, el TJUE ha precisado que podrá considerarse que existe un contrato de trabajo cuando exista un vínculo de dependencia del trabajador con respecto al empleador. Del mismo modo, el TJUE ha precisado que trabajador es aquella persona que realiza, durante cierto tiempo, en favor de otra y bajo la dirección de ésta, determinadas prestaciones a cambio de las cuales percibe una retribución (STJUE, 10.9.2015, Ferho, C-47/14)[1].

El Reglamento regula en su sección 5 la competencia en materia de contratos individuales de trabajo, precisamente en los artículos 20-23. Son foros de protección, en cuanto el trabajador es la parte débil de una relación. En un primer acercamiento, el art.21 dice que los empresarios domiciliados en un Estado miembro podrán ser demandados ante los órganos jurisdiccionales del Estado en el que estén domiciliados. Es decir, el Reglamento establece como fuero general el domicilio del demandado.

Pero, ¿cuál es el domicilio del demandado? Habrá que estar al ordenamiento interno de cada país. Para personas jurídicas, en nuestro caso, clubes o entidades deportivas, será el lugar en el que se encuentre su sede o centro de actividad principal.

Por lo tanto, el fuero general faculta a los tribunales del país en el que se encuentre el club.

Además, el Reglamento permite demandar en otro Estado miembro “ante el órgano jurisdiccional del lugar en el que o desde el cual el trabajador desempeñe habitualmente su trabajo o ante el órgano jurisdiccional del último lugar en que lo haya desempeñado o si el trabajador no desempeña o no ha desempeñado habitualmente su trabajo en un único Estado, ante el órgano jurisdiccional del lugar en que esté o haya estado situado el establecimiento que haya empleado al trabajador”.

En un principio este último precepto no será aplicable a los deportistas profesionales en cuanto trabajadores que habitualmente realizan su trabajo en el país en el que reside su club, compitiendo en la liga nacional, sin perjuicio de que ocasionalmente se desplacen al extranjero a disputar competición europea.

Por otra parte, el artículo 23 regula los acuerdos de elección del foro, y los permite únicamente cuando bien sean con posterioridad al nacimiento del litigio o bien cuando sean acuerdos que permitan al trabajador, en este caso, el deportista profesional,  formular demandas ante órganos jurisdiccionales distintos de los indicados en los arts. 20-23 del Reglamento.

Por lo tanto, se permiten establecer en el contrato de trabajo cláusulas de sumisión expresa a los tribunales de cualquier país miembro, ya sea con anterioridad a la celebración del contrato, permitiendo a los jugadores la elección del tribunal, o sino, acordando entre las partes tras el conflicto la sumisión al órgano jurisdiccional deseado. Ésta regulación, por lo tanto, beneficia siempre al deportista, como parte débil de la relación.

Según Adrián Todolí[2], la cláusula por la que se pacta la sumisión expresa a determinados tribunales en el contrato de trabajo siempre ha sido vista con desconfianza por la legislación europea (R. 1215/2012) ya que se ha temido, y con razón, que por parte de la empresa se incorporen en el contrato de trabajo estas cláusulas que el trabajador se vea compelido a aprobar. Por eso, aunque actualmente la normativa permita la sumisión expresa a los tribunales de un Estado, se fijan 4 requisitos para que estas cláusulas sean válidas:

  • Que el acuerdo se haga por escrito.
  • Que el acuerdo de sumisión se pacte con posterioridad al nacimiento del litigio.
  • En caso de que la sumisión fuera anterior al nacimiento del litigio, únicamente se aceptará en beneficio del trabajador.
  • Por último, el art. 25 Bruselas I refundido, señala que el acuerdo será nulo de pleno derecho en cuanto a su validez material según el Derecho de dicho Estado miembro, por lo que habrá que recurrir a las leyes internas del país que se seleccionó en la cláusula de sumisión.

Por último, la sumisión expresa a los Tribunales de un Estado se efectúa de forma exclusiva a no ser que medie pacto en contrario. Quiere decir que salvo pacto en contrario, los Tribunales del Estado elegido serán los únicos competentes sin que se pueda aplicar los del foro general o los de los foros especiales.

Además, el acuerdo en un contrato de trabajo por el que se remite la solución de un conflicto a los Tribunales de un determinado Estado, se debe entender referido al propio Estado y no a un tribunal específico, ya que dentro del país se funcionará conforme a las reglas internas de competencia. Por ejemplo, no estaría permitido acordar que un conflicto civil se solucionase en un Tribunal del orden de lo social.

Como conclusión, cuando el club o entidad deportiva demandada está domiciliada en un país miembro, según el R. Bruselas I refundido se aplicará el fuero general, es decir, el domicilio del demandado. Aun así, son posibles los pactos de sumisión expresa a determinados tribunales, siempre y cuando se respeten los requisitos anteriormente señalados.

  • El Convenio de Lugano II: Suiza, Noruega e Islandia

Es un texto normativo a nivel internacional relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Firmado en la localidad Suiza de Lugano el 30 de octubre del 2007, viene a sustituir al Convenio de Lugano I de 1988 y está en vigor desde el 2010 entre los estados miembros de la Unión Europea, Suiza, Noruega e Islandia. El Convenio Lugano II se caracteriza por adoptar en términos prácticamente idénticos el articulado del Reglamento Bruselas I (hoy derogado por el R. Bruselas I refundido). Su principal motivo se fundamenta, pues, en ampliar a los tres Estados mencionados el marco normativo en materia de competencia judicial internacional que preveía el R. Bruselas I[3].

En cuanto a la competencia en materia de contratos individuales de trabajo, el Convenio copia casi literalmente los preceptos del R. Bruselas I refundido, de forma que los litigios que puedan surgir en materia contractual entre deportistas españoles y clubes deportivos domiciliados en algún Estado firmante del Convenio (Suiza, Noruega o Islandia) se resolverán de la misma manera que si el club tuviese su domicilio en un Estado miembro.  De todas formas, como el Convenio se firma con Estados que no forman parte de la Unión Europea su interpretación no quedará amparada por el TJUE.

  • Litigios contractuales entre deportistas españoles y un club extra-europeo

En el caso de que un deportista profesional español decida competir en una liga fuera de la Comunidad Europea, se preguntará, en caso de desavenencias con su club, cómo actuar y qué opciones tiene para reclamar cualquier cláusula incumplida por su equipo. Se preguntará qué tribunales tienen la competencia para solucionar el conflicto y, por lo tanto, a que órgano jurisdiccional deberá acudir.

  1. Convenios bilaterales

Dependerá en gran parte del país en el que el jugador o la jugadora se hallen. Lo primero de todo será averiguar si España tiene firmado con el país en cuestión algún tipo de Convenio bilateral. Por lo general, en materia de competencia judicial internacional España tiene a nivel extra-europeo una sorprendente escasez de convenios. El único ejemplo es el Tratado entre el Reino de España y la República de El Salvador sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil y mercantil, hecho en Madrid el 7 de noviembre de 2000. Creado, según el texto, por los profundos vínculos históricos que unen a ambos países, regula las normas de competencia judicial para los nacionales de ambos Estados. En general, la idea que profesa es bastante parecida a la que pueden contener el Reglamento Bruselas I refundido o el Convenio Lugano II, con un fuero general (domicilio del demandado) del artículo 2 que es desplazado por el fuero especial del artículo 4. Este artículo expone que “No obstante lo dispuesto en el artículo 2, las personas domiciliadas en una de las Partes, podrán ser demandadas ante los tribunales de la otra Parte:

1) En materia contractual, ante el tribunal del lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación que sirviese de base a la demanda. En materia de contrato individual de trabajo, dicho lugar será aquel en el que el trabajador desempeñase habitualmente su trabajo, pudiendo demandarse también al empresario, ante el tribunal del lugar en que radicase el establecimiento en que fue contratado.

Esto significa que en el caso de que un deportista español fuera, por el motivo que sea, a competir a El Salvador, en caso de una controversia con su club respecto a su contrato de trabajo, los tribunales competentes serían los de El Salvador ya que sería allí donde desempeñase habitualmente el trabajo además de que el club estaría establecido en el propio país. Aun así, el artículo 5 del Tratado regula la sumisión manifestando que “La sumisión expresa o tácita no será procedente, cuando con ella se excluyere la competencia exclusiva de los tribunales prevista en el artículo 3, o si se trata de contratos individuales de trabajo, cuando la renuncia al foro propio fuere anterior al nacimiento el litigio”.

Por ello, al igual que lo regulado en el R. Bruselas I refundido o en el Convenio Lugano II, la sumisión expresa a determinados tribunales procederá siempre y cuando sea posterior al nacimiento del litigio.

De todas formas, en el ámbito contractual deportivo, la utilización de este Tratado será residual, sobre todo para la aplicación en deportistas españoles que compitan allí, teniendo en cuenta que las ligas de allí, aunque profesionales, no llegan al nivel competitivo de otras muchas. Sí será más utilizado, en cambio, para deportistas salvadoreños que conforme al RD 1006/1985 ejerzan la profesión de manera profesional en España.

  1. Remisión a la legislación interna: la LOPJ

Quitando los deportistas que compiten en la Unión Europea, al que se les aplica el Reglamento Bruselas I refundido, y a los deportistas que compiten en Suiza, Noruega e Islandia, al que la competencia se determina en base al Convenio Lugano II y obviando el caso de El Salvador, con el que, como he apuntado arriba, España ha firmado un Tratado para regular la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de sentencias en materia civil y mercantil, la verdad es que no existen cuerpos legales a los que agarrarse en materia de contratos de trabajo. Por ello, empezaremos por determinar la competencia judicial de los tribunales españoles para ver así si es posible que un o una deportista española en un país extra-europeo tiene la opción de demandar al club en los órganos españoles.

En nuestra legislación, la competencia judicial de los Juzgados y Tribunales españoles viene establecida en el Título Primero del Libro Primero de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Los artículos 21-25 son los que señalan en que materia conocerán los Tribunales españoles de las pretensiones que se susciten en su sede. Estos preceptos tienen una aplicación subsidiaria, ya que únicamente son aplicables en defecto de norma supranacional.

En principio y según el art.21.1 LOPJ, “Los Tribunales civiles españoles conocerán de las pretensiones que se susciten en territorio español con arreglo a lo establecido en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte, en las normas de la Unión Europea y en las leyes españolas”. Así pues, se establece una especie de foro general, que otorga la competencia judicial a los Tribunales civiles españoles para las pretensiones que se susciten en territorio español.

Respecto a las obligaciones contractuales habrá que estar a lo dispuesto en el artículo 22 quinquies LOPJ por el cual, en defecto de sumisión expresa o tácita y aunque el demandado no tenga su domicilio en España, los Tribunales españoles serán competentes en materia de obligaciones contractuales. Eso sí, el texto advierte que solo cuando la obligación objeto de la demanda se haya cumplido o deba cumplirse en España.

Además, y sumado a lo anterior, el artículo 25 LOPJ informa de que “En el orden social, los Juzgados y Tribunales españoles serán competentes:

1º. En materia de derechos y obligaciones derivados de contrato de trabajo, cuando los servicios se hayan prestado en España o el contrato se haya celebrado en territorio español; cuando el demandado tenga su domicilio en territorio español; cuando el trabajador y el empresario tengan nacionalidad española, cualquiera que sea el lugar de prestación de los servicios o de celebración del contrato…”

Respecto a las cláusulas de sumisión, el artículo 22 bis LOPJ expone que “en aquellas materias en que una norma expresamente lo permita, los Tribunales españoles serán competentes cuando las partes, con independencia de su domicilio, se hayan sometido expresa o tácitamente a ellos. No surtirán efectos los acuerdos que atribuyan la competencia a los tribunales españoles ni las estipulaciones similares incluidas en un contrato si son contrarios a lo establecido en los artículos 22 quater, 22 quinquies, 22 sexies y 22 septies…”.

La regulación de la sumisión en la LOPJ está bastante desacertada, quizá algo imprecisa de manera que nos conduce hacia la confusión.

En general, se aceptan los acuerdos atributivos de competencia a los Tribunales españoles incluidos en los contratos de trabajo de los deportistas por no ser contrarios a lo establecido en el art. 22 quinquies, que es el que regula la competencia en materia de obligaciones contractuales.  Por lo tanto, las partes, en un contrato de trabajo que vincule a deportista y club, podrán establecer alguna cláusula de atribución de competencia a los órganos jurisdiccionales españoles.

Por otra parte, también se acepta la sumisión tácita al establecer el art. 22 bis.3 que serán competentes los Tribunales españoles cuando comparezca ante ellos el demandado y la comparecencia no responda a la impugnación de la competencia.

¿En qué situación deja estas disposiciones a los deportistas españoles trabajando en un país fuera de Europa? De primeras, no se podrá aplicar el artículo 21 porque el conflicto no se origina en territorio español. Tampoco el artículo 22 quinquies, ya que si bien la ley señala que los Tribunales españoles serán competentes en materia de obligaciones contractuales, obliga a que el objeto de la demanda se haya cumplido o se deba cumplir en España. Este no será el caso para los deportistas en el extranjero, pues como se ha visto anteriormente, son trabajadores vinculados geográficamente a la tierra del país en el que trabajan, compitiendo en sus ligas. Igualmente el artículo 25 no parece aplicable desde el momento que los servicios de los deportistas no se prestan en España, sino en el país correspondiente. Tampoco el demandado, en este caso el club o la entidad deportiva, tendrá su domicilio en territorio español, sino en el Estado de procedencia, ni tendrá nacionalidad española por lo que será bastante complicado que un Tribunal español logre tener la competencia judicial.

El único resquicio posible para conseguir dotar a un Tribunal español de competencia pueda ser la atribución de la competencia mediante cláusulas de sumisión expresa o mediante la sumisión tácita si llegado el caso el club o la entidad deportiva demandada no impugna la competencia de los Tribunales españoles.

Por otra parte, la frase “cuando el contrato se haya celebrado en territorio español” del art.25 LOPJ puede ser una vía para atribuir competencia a los Tribunales españoles.  Es decir, en el caso de que un deportista español suscriba un contrato de trabajo con un club de fuera de Europa, para competir en el país de procedencia del club pero el contrato se firme en España.

  1. La determinación del derecho aplicable

Una vez delimitada la competencia judicial internacional en un litigio sobre un contrato de trabajo y ya sabiendo qué tribunal es el competente para conocer del asunto, corresponde saber qué ley es aplicable al supuesto, es decir, qué derecho concreto rige el fondo del litigio. Solo sabiendo la ley que hay que aplicar se podrá resolver la disputa. La determinación de lay que se aplicará en caso de conflicto es de suma importancia ya que de esa manera las partes sabrán desde el primer momento a que ordenamiento jurídico atenerse si así lo han establecido en alguna cláusula de su contrato. Esto llenará la relación contractual de los deportistas de una seguridad jurídica que posiblemente no tendrían si no se hubiese pactado, algo que será vital en caso de desacuerdo entre las partes, sobretodo en la del deportista, como parte débil de la relación contractual.

  • En la Unión Europea

Dentro de la Unión Europea, cuando el litigio se ha formado entre dos partes que son nacionales de países miembro de la Unión, la determinación de la Ley aplicable está prevista en el Reglamento (CE) Nº 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I). Una norma que al establecer normas de conflicto, no ofrece la solución material al supuesto planteado. Es decir, el Reglamento no entrará a resolver el fondo de una reclamación de cantidades, la improcedencia de un despido o la violación de una de las cláusulas en el contrato individual de trabajo, sino que sus preceptos se limitarán a determinar de qué país será la ley que hay que aplicar. De esta manera, después de saber esa información, se aplicará la legislación interna del país determinado para resolver el fondo del asunto y dar solución al conflicto.

Es un reglamento de aplicación universal, ya que en su artículo 2 se expone que  “La ley designada por el presente Reglamento se aplicará aunque no sea la de un Estado miembro”.

Para empezar, la regla es que siempre prima la autonomía de la voluntad, según su artículo 3.1 “El contrato se regirá por la ley elegida por las partes… …las partes podrán designar la ley aplicable a la totalidad o solamente a una parte del contrato.” Además, esto queda reforzado con la premisa del artículo 8.1 del Reglamento, según la cual “El contrato individual de trabajo se regirá por la ley que elijan las partes de conformidad con el artículo 3”.

La ley elegida no puede bajo ningún concepto privar al deportista de la protección que le aseguren las disposiciones que no pueden excluirse mediante acuerdo, de manera que así se evita que el empresario imponga al trabajador aceptar una ley que le perjudique.

La elección de la ley entre las partes puede hacerse de manera expresa[4], puede ser también una elección implícita o incluso hacerse de manera verbal[5]. Podrán las partes elegir diversas leyes reguladoras del contrato, pueden cambiar la ley aplicable elegida en cualquier momento e incluso pueden decidir que una determinada ley se aplique únicamente a una parte del contrato de trabajo. En este último caso, cuando las partes decidan que una parte del contrato será regulada por la ley que determinen y la otra parte del contrato no, la parte que no quede cubierta por la ley elegida será regulada por la Ley aplicable en defecto de elección (arts. 8.2, 8.3 y 8.4).

Por el contrario, la Ley aplicable a los contratos de trabajo a falta de elección realizada por las partes en base al artículo 3, se regirá por el artículo 8 y no por el 4. El artículo 4, que lleva como título “Ley aplicable a falta de elección”, determina la Ley aplicable para unos determinados supuestos, en los que no están incluidos los contratos internacionales de trabajo, por lo tanto no confronta con el artículo 8, que es una norma de conflicto especializada para la determinación de la Ley aplicable a los contratos laborales.

A falta de elección habrá que recurrir por lo tanto a los arts. 8.2, 8.3 y 8.4 del Reglamento Roma I.

El primero de ellos, el 8.2, menciona que para el caso de que las partes, a la hora de formalizar el contrato individual de trabajo, no hayan hecho uso de la cláusula del art. 8.1 y no hayan determinado la ley aplicable al caso, “el contrato se regirá por la ley del país en el cual o, en su defecto, a partir del cual el trabajador, en ejecución del contrato, realice su trabajo habitualmente”.  Es decir, el contrato de trabajo se regiría por la Ley del Estado en cuyo territorio se realiza habitualmente el trabajo (Lex Loci Laboris[6]). La justificación de la aplicación de la Lex Loci Laboris radica en que se trata de una Ley que ambas partes conocen y cuya aplicación al contrato pueden prever con facilidad, lo que les genera costes de transacción conflictuales reducidos (J. DÉPREZ).

Para acabar, el art. 8.2 en su inciso final aclara que no se considerará que hay un cambio de país de realización habitual de trabajo cuando el trabajador realice con carácter temporal su trabajo en otro país. Este apunte puede tener cierta relevancia en caso de deportistas profesionales, ya que en muchas ocasiones la propia disciplina deportiva les lleva a disputar competiciones en otros países diferentes al habitual o a realizar incluso largas pretemporadas en un país extranjero. Visto lo dicho por el artículo 8.2, la práctica deportiva con carácter temporal fuera del país de residencia no será suficiente para considerar que ha habido un cambio de país de realización habitual del trabajo.

En el caso de que no se pudiese determinar la ley aplicable en virtud del apartado anterior, el artículo 8.3 menciona que “el contrato se regirá por la ley del país donde esté situado el establecimiento a través del cual haya sido contratado el trabajador”.

Por si el anterior precepto no dejase claro qué Ley resulta aplicable al litigio, el art.8.3 dice que la Ley aplicable será la del país donde se encuentre el establecimiento a través del cual haya sido contratado el trabajador. En nuestro caso, será de aplicación la Ley del país donde se encuentre la sede del club o entidad deportiva que ha contratado al deportista.

Por último el artículo 8.4 del Reglamento Roma I, cuenta con una cláusula de escape: en el caso de que las partes firmantes no hayan determinado la Ley que se aplicará a las controversias sobre el contrato, “si del conjunto de las circunstancias se desprende que el contrato presenta vínculos más estrechos con un país distinto del indicado en los apartados 2 o 3, se aplicará la ley de ese otro país”.

La aplicación de esta cláusula no es “excepcional” (M.A. MOREAU). Procederá su uso después de hacer una valoración de los vínculos fácticos de cada caso. De ese modo, debe aplicarse la Ley del país más vinculado con la situación, y no la Ley más favorable al trabajador ni necesariamente, la Ley del país cuyos tribunales tienen la competencia del asunto (J. DÉPREZ).

  • Fuera de la Unión Europea

Hemos analizado de qué manera se determina la ley aplicable a los litigios sobre los contratos individuales de trabajo cuando las dos partes son nacionales de países miembro de la Unión Europea. Pero, ¿cómo podemos saber qué ley aplicará el tribunal competente en el caso de que una parte sea nacional de un país tercero? En principio, la cuestión de la determinación del derecho aplicable a los contratos de trabajo ha estado tradicionalmente resuelta por el artículo 10.6 del Código Civil, pero gran parte de la doctrina afirma que éste fue derogado por el Convenio de Roma (hoy en día Reglamento Roma I).

Por lo tanto, al declararse de aplicación universal en base a su artículo 2, quiere decir que la ley designada por las normas de conflicto puede ser bien la de un Estado miembro de la Unión Europea, bien hacer referencia a la legislación de un ordenamiento de un país tercero. Por eso se desplaza la norma de conflicto interna: el Reglamento Roma I será de aplicación con independencia de que la relación contractual laboral se sitúe dentro del ámbito de la Unión o se vincule con país tercero, fuera de la Unión Europea[7]. Son aplicables, entonces, los mismos preceptos cuando el contrato de trabajo se suscribe con un club no europeo, habiendo de estar sobre todo, a la autonomía de las partes en cuanto a la ley aplicable y teniendo en cuenta el mecanismo de tutela del contratante débil, en este caso el trabajador. Las partes pueden elegir la ley aplicable al contrato individual de trabajo, pero esta elección no podrá privar al trabajador de la protección que le asisten las normas imperativas de la ley aplicable en caso de no haberla determinado.

  1. El reconocimiento y la ejecución de resoluciones extranjeras en España

Tras un posible litigio entre un deportista y su club, y habiendo visto las posibilidades que ofrecen la competencia judicial internacional y la determinación de la legislación aplicable, en cuanto a que la autonomía de la voluntad puede hacer decidir qué tribunales son los competentes y la legislación de qué ordenamiento se aplica a la controversia, puede que un o una deportista se encuentre con una resolución favorable que cumpla con sus pretensiones pero que se haya dado el caso de que esa sentencia se haya dictado en un país extranjero. Puede darse el caso de que el deportista haya obtenido una resolución en un tribunal español en base a la legislación laboral española, pero que el club esté situado en el extranjero y le interese que la sentencia se reconozco y se ejecute en el país del establecimiento del club. De la misma manera puede que la decisión judicial se haya dado en ese país extranjero, pero que le convenga que esa decisión sea reconocida en España.

Sea como sea, cuando un trabajador obtiene una resolución o decisión judicial que ha sido dictada fuera de nuestras fronteras, no siempre puede ejecutarse directamente en nuestro país, sino que tiene que iniciarse un procedimiento que reconozca su validez y eficacia para luego poder ejecutarlo en España[8].

  • Resoluciones dictadas dentro de la Unión Europea

Para estos casos, como en los dos anteriores puntos (Competencia y ley aplicable), se cuenta con un Reglamento ad hoc, que es precisamente el mismo que regula la competencia judicial internacional. Se trata del Reglamento Nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (R. Bruselas I refundido). Una norma que tiene como objetivo facilitar el reconocimiento y la ejecución de decisiones judiciales entre los Estados miembros. Por ello, únicamente es aplicable cuando la resolución provenga de un órgano jurisdiccional de un país comunitario,

El Reglamento parte del principio de reconocimiento de pleno derecho de las resoluciones judiciales, sin necesidad de acudir a ningún procedimiento[9] (art.36) por lo que se suprime el exequátur. Para ello, únicamente hace falta, según el artículo 37, la presentación de una copia auténtica de la resolución y el certificado expedido conforme al anexo I. El órgano jurisdiccional podrá, además, si lo considera necesario, pedir a la parte que la haya invocado que presente una traducción o transcripción del contenido del certificado.

Las resoluciones dictadas en un Estado miembro que tengan fuerza ejecutiva la tendrán también en los restantes Estados miembros, sin necesidad de una declaración de fuerza ejecutiva. También para la ejecución, el solicitante deberá facilitar a las autoridades de ejecución competentes la copia auténtica de la decisión y el certificado del anexo.

Por otra parte, tanto el reconocimiento como la ejecución se basan en el principio de confianza mutua entre los Estados firmantes, por lo que, aunque son pocos los motivos, puede llegar a ocurrir que el reconocimiento o la ejecución sean denegadas. Los motivos se encuentran en el artículo 45.1 Reglamento Bruselas I Refundido y son los siguientes:

“… a) si el reconocimiento es manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro requerido;

  1. b) cuando la resolución se haya dictado en rebeldía, si no se entregó al demandado cédula de emplazamiento o documento equivalente de forma tal y con tiempo suficiente para que pudiera defenderse, a menos que no haya recurrido contra dicha resolución cuando pudo hacerlo;
  2. c) si la resolución es inconciliable con una resolución dictada entre las mismas partes en el Estado miembro requerido;
  3. d) si la resolución es inconciliable con una resolución dictada con anterioridad en otro Estado miembro o un Estado tercero entre las mismas partes en un litigio que tenga el mismo objeto y la misma causa, cuando esta última resolución reúna las condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado miembro requerido…”

Visto lo visto, si el deportista y el club o entidad deportiva son nacionales de un país miembro de la Unión Europea, en caso de desavenencias, y tras haber obtenido una sentencia que satisfaga sus pretensiones, le resultará bastante cómodo al deportista o la deportista pedir el reconocimiento y la ejecución en su país.

  • Resoluciones dictadas fuera de la Unión Europea

La cantidad de convenios internacionales suscritos por España en el tema de reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil y mercantil es muy amplio. Sin duda, el más importante es el R. Bruselas I refundido, como hemos mencionado arriba, pero este únicamente es aplicado entre países miembros de la Unión. Fuera de esta, España se vincula a través de convenios tanto multilaterales como bilaterales.

El más notorio es el Convenio de Lugano II, del que hemos hecho mención anteriormente en el tema de la competencia judicial internacional. Es un convenio cuyo objetivo es que las resoluciones dictadas por los Estados firmantes del texto sean reconocidas y ejecutadas en los demás Estados contratantes, sin necesidad de procedimiento alguno. Igual que sus preceptos son básicamente una copia del R. Bruselas I refundido para regular la competencia, los artículos que tratan del reconocimiento y ejecución siguen la misma línea que los del Reglamento. Para hacerla posible, el interesado deberá presentar copia auténtica de la resolución y certificado, además de la traducción si la autoridad judicial lo pidiese. Como ya dijimos, los firmantes del Convenio son los países miembros de la UE más Suiza, Noruega e Islandia.

Además de estos convenios multilaterales (Bruselas I bis y Lugano II), España se encuentra vinculada con 20 países por Convenios bilaterales en materia de reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales, entre los que se encuentran Rumanía, Israel, Colombia, Túnez, Mauritania, China, Marruecos, México y Rusia, entre otros.

Por último, existe un régimen autónomo español, para los casos de ausencia de norma de derecho comunitario o de convenios específicos, que regula el reconocimiento y la ejecución con países con los que España no tiene suscritos Tratados en la materia.

Se trata de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil. Una ley tardía que también se ha basado en el R. Bruselas I pero con sus respectivas modificaciones para adaptarse a tribunales de países con los que España tiene una menor vinculación.

Han de darse tres presupuestos para que se pueda aplicar la citada Ley 29/2015: El primero de ellos es que la resolución provenga de un Tribunal estatal extranjero. El segundo es que la materia objeto de la resolución sea de derecho privado (civil, mercantil o laboral) y, por último, el tercer presupuesto consiste en que la resolución en el país de origen sea firme.

El exequátur, un procedimiento de homologación regulado en el artículo 54 LCJI que habrá de tramitarse ante el Juzgado de Primera Instancia. Este procedimiento se inicia a través de la demanda que debe cumplir los requisitos que se prevén en el artículo 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil  para la demanda de juicio ordinario. La demanda deberá ir acompañada de una copia auténtica de la resolución extranjera debidamente legalizada o apostillada, el documento acreditativo de que el demandado recibió la cédula de emplazamiento y cualquier prueba que acredite que la resolución es firme y que tiene fuerza ejecutiva en el Estado de origen.

Por último, también se presentan una serie de causas de denegación, que son las recogidas en el artículo 46, que dispone que las resoluciones judiciales firmes no se reconocerán:

“…a) Cuando fueran contrarias al orden público.

  1. b) Cuando la resolución se hubiera dictado con manifiesta infracción de los derechos de defensa de cualquiera de las partes. Si la resolución se hubiera dictado en rebeldía, se entiende que concurre una manifiesta infracción de los derechos de defensa si no se entregó al demandado cédula de emplazamiento o documento equivalente de forma regular y con tiempo suficiente para que pudiera defenderse.
  2. c) Cuando la resolución extranjera se hubiere pronunciado sobre una materia respecto a la cual fueren exclusivamente competentes los órganos jurisdiccionales españoles o, respecto a las demás materias, si la competencia del juez de origen no obedeciere a una conexión razonable. Se presumirá la existencia de una conexión razonable con el litigio cuando el órgano jurisdiccional extranjero hubiere basado su competencia judicial internacional en criterios similares a los previstos en la legislación española.
  3. d) Cuando la resolución fuera inconciliable con una resolución dictada en España.
  4. e) Cuando la resolución fuera inconciliable con una resolución dictada con anterioridad en otro Estado, cuando esta última resolución reuniera las condiciones necesarias para su reconocimiento en España.
  5. f) Cuando existiera un litigio pendiente en España entre las mismas partes y con el mismo objeto, iniciado con anterioridad al proceso en el extranjero.”

Como se puede apreciar, las similitudes de esta Ley con el mencionado Reglamento son notorias, con sus pequeñas modificaciones. En general todas las leyes exigen un procedimiento más o menos parecido, requiriendo junto a la demanda la copia de la sentencia extranjera.

  1. Conclusiones

La globalización es un proceso político, social, económico, tecnológico y cultural a escala mundial que consiste en un paulatino crecimiento de la interdependencia entre los distintos países del mundo uniendo sus mercados, sociedades y culturas. Tiene influencia en prácticamente todos los ámbitos de la vida y por supuesto el deporte no se escapa a ella. El auge del deporte viene dado en parte gracias a los medios de comunicación y la sencillez con la que hoy en día se tiene acceso a este. Esto ha provocado en gran medida al crecimiento de muchas disciplinas deportivas lo que ha llevado, por su parte, a que se profesionalicen y se mejores las condiciones de muchas ligas y jugadores.

Como se ha dicho anteriormente, hoy día son muchos los atletas que se desplazan a otros países en busca de nuevos retos lo que, desde el punto de vista jurídico, ha supuesto un aumento en la problemática en lo que se refiere al derecho internacional privado, especialmente en su faceta de los contratos de trabajo.

Dado que cada Estado tiene su propia legislación interna y sus propios órganos jurisdiccionales, estamos ante un fraccionamiento jurídico y es por eso que los países han  intentado unificar sus relaciones jurídicas internacionales, acordando legislar en materia de contratación internacional.

Para ello se han creado instrumentos ya estudiados como los Reglamentos y Convenios, y a falta de estos, será de aplicación subsidiaria la propia legislación española en el tema.

En cuanto a la competencia judicial internacional, bien sea por el Reglamento Bruselas I refundido, por el Convenio de Lugano II o por la LOPJ,  adquieren gran importancia los foros de la autonomía de la voluntad, una herramienta que todo deportista que traspasa sus fronteras debería tener en cuenta. Si no lo hace, se arriesga a que los foros de competencia sean los del domicilio del demandado, es decir, los órganos jurisdiccionales en los que se halla el club.

Igual ocurre con la determinación del derecho aplicable a la controversia, sobre todo con el Reglamento Roma I. La autonomía de la voluntad adquiere un papel principal y fundamental en las relaciones contractuales laborales. Otra herramienta que, en el caso que los deportistas la jueguen a su favor, podrán aprovechar remitiendo a la norma de sus países de origen, de manera que puedan conocerla y puedan defenderse mejor.

Por último, es de resaltar la “facilidad” o la “sencillez” con la que los Estados han resuelto el asunto del reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras. En el ámbito europeo, se ha suprimido el procedimiento de exequátur, haciendo todo más cómodo y rápido, al igual que para los países que han suscrito el Convenio Lugano II. Los países que no tienen convenio firmado con España, aunque más complejo, pueden reconocer y ejecutar las decisiones judiciales extranjeras a través del procedimiento de exequátur.

En general, hoy en día, gracias a las herramientas en Derecho Internacional Privado relativas a la contratación, los deportistas y atletas que decidan viajar al extranjero tendrán la seguridad jurídica que tanto tiempo se había estado demandando.

 

 

 

 

Bibliografía

 

  • ABARCA JUNCO, A.P., et al., Derecho Internacional Privado, Uned editorial, Madrid, 2016.
  • BORRÁS RODRÍGUEZ, A., et al., Legislación básica de Derecho internacional privado, Tecnos, 2015.
  • CALVO CARAVACA, A.L. y CARRASCOSA GONZALEZ, J., Derecho internacional privado (volumen I), Comares editorial, Granada, 2018.
  • CALVO CARAVACA, A.L. y CARRASCOSA GONZALEZ, J., Derecho internacional privado (volumen II), Comares editorial, Granada, 2012.
  • FERNÁNDEZ ROZAS J.C., Derecho Internacional Privado, 9ª edición, Ed. Thomson Reuters, Navarra, 2016.
  • GUZMÁN ZAPATER, M., et al., Casos prácticos de derecho internacional privado, editorial Aranzadi, Cizur Menor, Navarra, 2016.
  • PARRA RODRÍGUEZ C., Derecho Internacional Privado, Barcelona, Huygens editorial, 2013.
  • TODOLÍ, A. (19 de enero de 2017) En un contrato laboral internacional ¿se puede pactar la sumisión a Tribunales extranjeros? Sobre la sumisión expresa en el contrato de trabajo. Argumentos en Derecho Laboral (Blog coordinado por Adrián Todolí). Recuperado de https://adriantodoli.com

Legislación:

  • Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales.
  • Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social
  • Ley 29/2015, de cooperación jurídica internacional en materia civil.
  • REGLAMENTO (UE) N o 1215/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 12 de diciembre de 2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (refundición)
  • REGLAMENTO (CE) No 593/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de junio de 2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I)
  • CONVENIO relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil
  • INSTRUMENTO de ratificación del Tratado entre el Reino de España y la República de El Salvador sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil y mercantil, hecho en Madrid el 7 de noviembre de 2000.

[1] GOMEZ JENE, M. <<La competencia judicial internacional de los Tribunales españoles>>,  en ABARCA JUNCO, A.P. et al.  Derecho Internacional Privado, Uned Editorial, Madrid, 2016, pp. 135.

[2] Todolí, A. (19 de enero de 2017) En un contrato laboral internacional ¿se puede pactar la sumisión a Tribunales extranjeros? Sobre la sumisión expresa en el contrato de trabajo. Argumentos en Derecho Laboral (Blog coordinado por Adrián Todolí). Recuperado de https://adriantodoli.com

[3] ABARCA JUNCO, A.P. et al.  Derecho Internacional Privado, Uned Editorial, Madrid, 2016, pp 117-118.

[4] STSJ Madrid, sala de lo Social, 15 noviembre 2010.

[5] STSJ Madrid, sala de lo Social, 11 de diciembre de 2002.

[6] Lex Loci Laboris: Principio que hace referencia a la Ley del lugar donde se realiza el trabajo.

[7] ABARCA JUNCO, A.P. et al.  Derecho Internacional Privado, Uned Editorial, Madrid, 2016, p. 635

[8] ESPADA GERLACH, A. (27 de diciembre de 2017) Del reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en España, en materia civil y mercantil. www.espadagerlach.com

[9] ABARCA JUNCO, A.P. et al.  Derecho Internacional Privado, Uned Editorial, Madrid, 2016, p. 204

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